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Tecnología, ciudad y democracia

(*Artículo pulicado en La Vanguardia el 19/02/2020 por Arnau Monterde y Joan Subirats)

La capacidad y velocidad de la innovación tecnológica global es cada vez mayor, por lo que urge gobernar democráticamente sus consecuencias. Presenciamos una recentralización del poder a través de las grandes tecnológicas mientras se instrumentaliza la capacidad de control que genera esa innovación a favor de la vigilancia como es la triada Trump, Facebook y Cambridge Analytica. Toda gran revolución tecnológica y científica genera efectos en los derechos de las personas. Sólo desde el debate democrático sobre sus efectos y la manera de abordarlos conjuntamente, podremos seguir beneficiándonos colectivamente de esos avances.

La cancelación del Mobile World Congress (MWC) no es un tema menor. Más allá del evidente impacto económico, permite abrir debates que de otra manera no se habrían planteado: nuevas perspectivas y nuevos liderazgos en relación a los avances tecnológicos y su implicación social y la urgencia de su democratización. En ese contexto, hemos de plantearnos cuál es el rol de las ciudades a la hora de entender, diseñar y desarrollar políticas sobre tecnología, innovación y ciencia al servicio de la ciudadanía.

En un momento de absoluta digitalización de toda la sociedad existe una disputa sobre qué tecnología se hace, cómo, para quién y quién la posee. No basta con decir que la tecnología no es neutral y que genera dilemas éticos. Necesitamos entender también que la digitalización modifica radicalmente la distribución de poderes en la sociedad. Y, por tanto, es un tema político y democrático de primera magnitud. Está en marcha un gran proceso de recentralización del poder en algunas grandes plataformas tecnológicas, sin que se disponga desde la esfera pública (institucional y social) de auténticas palancas para interferir en este proceso de concentración. La velocidad, la complejidad y la magnitud, son tan enormes que la dificultad de intervención aboca a refugiarnos en la consabida “autoregulación” del mercado sin control ni garantías democráticas.

¿Quién sostendrá las infraestructuras de internet? ¿Le regalaremos a Google y a Facebook la gestión de la identidad digital de la ciudadanía o tendrá un liderazgo público? ¿Se establecerá un impuesto para las grandes tecnológicas proporcional al valor de los datos que extraen?

Una parte de la responsabilidad y las soluciones recae en la capacidad de Europa y los estados en general para legislar a favor de la ciudadanía, sus derechos y de la propia democracia a la misma velocidad que avanza la tecnología. Muchos de los retos están claros: ¿Quién sostendrá las infraestructuras de internet? ¿Le regalaremos a Google y a Facebook la gestión de la identidad digital de la ciudadanía o tendrá un liderazgo público? ¿Se establecerá un impuesto para las grandes tecnológicas proporcional al valor de los datos que extraen? Es urgente, además, el fortalecimiento de modelos de contratación pública a favor de un modelo productivo que refuerce las tecnologías abiertas y libres, con control democrático sobre temas tan cruciales como la inteligencia artificial y el procesado masivo de los datos.

Todo ello tiene su propia traducción en Barcelona que, desde hace ya varios años, plantea nuevos modelos para diseñar y desarrollar tecnologías desde lo público, de manera abierta y democrática. La ciudad se ha situado en una posición privilegiada en proyectos tecnológicos de código abierto que ya son referencia a nivel internacional como Decidim, la plataforma digital para la participación ciudadana, desarrollada en software libre y que se utiliza en más de 100 ciudades en 20 países del mundo. Diseñar políticas tecnológicas para la gente implica también acercar la tecnología a la ciudad y hacerlo de manera cercana, comprensible y potenciadora de la autonomía personal y colectiva. La ciudad tiene un fértil tejido social y comunitario tecnológico, cuenta ya con una incipiente red de espacios para la innovación digital y democrática como son los Ateneus de Fabricació y está avanzando en la institucionalización del futuro Ateneu d’Innovació Democràtica en el Canòdrom. Todo ello, con el fin de acercar a la ciudadanía a los retos tecnológicos, urbanos, sociales, propiciando procesos de creación que congreguen ciudadanía, centros de investigación, activistas y vecinos en proyectos de emprendeduría en distintos barrios.

Al mismo tiempo es fundamental seguir desplegando un programa educativo para la capacitación digital y democrática a través de equipamientos públicos como bibliotecas, centros cívicos y escuelas. Poniendo en el centro cuestiones tan fundamentales como el acceso al conocimiento tecnológico y la alfabetización e inclusión digital, los derechos digitales, la autonomía tecnológica, la igualdad de género en la tecnología y la ciencia, o cómo defender nuestra privacidad y seguridad en las redes. Son sólo algunas iniciativas en un momento en el que urgen políticas valientes para hacer de nuestras ciudades también espacios libres de tecnologías de control, y espacios seguros para su gente. Espacios plenamente democráticos.

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